Sinde y la ¿defensa? del autor
Tras el reciente rechazo a la ley que pretendía cerrar webs por la vía rápida, dando preferencia a la supuesta creación artística sobre la creación industrial creo que algunos puntos de lo que hemos leído y visto debería ser motivo de reflexión.
Coincido con la ministra Sinde en una cuestión: España necesita una ley que defienda los derechos de los autores.
Pero España… no “este país” como dijo literalmente la ministra referido a esa entidad difusa que no sabemos muy bien que limites comprende.
Y una ley que defienda a los autores… no a las grandes empresas editoriales, productoras y de medios de comunicación. Pues realmente es a estas a las que protege la enmienda chapuza a la ley de economía sostenible.
No es de recibo que se mantenga la pretensión de defender al autor cuando cada variación en el registro de la Biblioteca Nacional (o sus subsidiarias autonómicas) tiene un coste similar (en algunos casos) al registro y cuyas tasas son (hoy día y en el caso que se envíe la obra por Internet) completamente desproporcionadas a la tarea que representa para los funcionarios de la misma (que por otro lado pagamos todos con nuestros impuestos) lo que, unido al hecho que, por muy registrada que tenga una obra, si varia un 20% de la misma ya no se considera la misma obra hace que, tras varias revisiones, yo, como autor, corra el riesgo de perder mi obra por el simple hecho de enviarla a una editorial, ya que en las últimas revisiones ha variado más de un 20%…. pero aunque no, siempre podría tomar el argumento y generar otra obra con ese mínimo cambio que nuestra ley consideraría distinta ¿es eso proteger al autor?.
Por otra parte la ministra manifiesta “…la compatibilización entre el acceso libre a la cultura y la defensa de los derechos de propiedad intelectual supone una verdadera reconversión industrial, que no avanza porque no existen leyes que permitan el desarrollo de ese nuevo modelo de mercado” pero ¿Quién es el que impide que avancen las nuevas tecnologías sino el estado, su ministerio en concreto, y las grandes compañías, temerosas de la competencia que estas pueden representar?
¿Acaso su ministerio no es el culpable de no rebajar el IVA a los libros digitales, a menos que se compre en formato físico? ¿Es apoyar las nuevas tecnologías que un libro digital en CD pague un 4% de IVA y en descarga un 16%?
También leemos que “preguntada por la escasa diferencia que aún existe entre un libro o un disco adquiridos en tienda o su compra ‘online’, la ministra ha precisado que también se podría hablar de los precios de las tarifas telefónicas; la cuestión -ha estimado- es que aquí parece que sólo los trabajadores de la cultura son quienes tienen que pagar las facturas de las nuevas tecnologías, y eso -ha subrayado- no es así“.
Nadie se plantea que los autores por vender on-line (y SIN ENVÍO físico dejen de ganar) pero es evidente que dejan de tener unos costes: el propio material, gastos de trasporte, envasado, etc… ¿Por qué esos costes se tienen que convertir en beneficios para el comercializador (porque dudo que lleguen al autor) en lugar de ahorras para el cliente, que evidentemente recibe un producto de menor calidad?
Y sobre todo, ¿dónde se justifica que el estado deba recibir más de 4 veces más por ello?
Fuentes de datos varios:
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/20/navegante/1292844547.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/18/navegante/1258541885.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/21/navegante/1292924052.html
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201012/20/tecnologia/20101220elpeputec_1_Pes_PDF.pdf
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Gobierno/busca/desesperada/apoyo/PNV/sacar/adelante/ley/Sinde/elpepucul/20101221elpepucul_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Gobierno/pidio/EE/UU/presionase/PP/CiU/PNV/elpepuint/20101220elpepuint_28/Tes
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De acuerdo contigo. No conocía lo que mencionas sobre el registro de obras en el sistema bibliotecario. Si pudieras explicarlo en particular, creo que sería más evidente la parcialidad de la ley. He considerado peligrosa la ley por su capacidad para establecer penalidades a discreción, mediante las decisiones de una comisión administrativa, dejando luego la apelación de esta resolución al sistema judicial, que puede demorar la reapertura por meses o años. Se trata de un sistema que amenaza las libertades públicas, que puede ser manipulado por cada gobierno que accede al control de esa comisión. Esto no soluciona el problema: lo deja intacto. El hecho de que no haya logrado su aprobación quizá permita un correcto estudio de los derechos de autor, uno que diferencie los derechos de autoría con respecto al beneficio del negocio editorial, cinematográfico, o discográfico